Para seguir adelante con la ofensiva por lograr una justicia complaciente que avale sus políticas y actos de corrupción, Cristina Kirchner propuso leyes que, según ella, permitirán “democratizar la justicia”. Nada más alejado de la realidad. La reforma vulnera elementales derechos individuales y el derecho de huelga.
Que los jueces fallan casi siempre a favor de grandes empresarios, ricos y corruptos no es ninguna novedad. Tampoco que el Poder Judicial cuida la propiedad privada de los de arriba y está alejado de las necesidades populares. Es necesario cambiarlo de raíz. Pero nada de esto se logrará con la reforma exprés propuesta por el gobierno.
El kirchnerismo pretende sacar y poner jueces a su antojo que avalen sus políticas, escondan su corrupción y cercenen elementales derechos democráticos, como las medidas cautelares. Este autoritarismo, arbitrariedad y manipulación va a afectar a trabajadores, jubilados y demás sectores populares. “Ni la dictadura se atrevió a tanto”, señaló el senador del Frente para la Victoria Jorge Yoma. ¿¡Si lo dicen desde el mismo riñón del PJ gobernante!?
Con la mentira de “terminar con la corporación judicial”, el gobierno propone elegir en las próximas elecciones parte de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura (órgano que nombra y destituye jueces). El partido político que obtenga la primera minoría (35% de los votos) tendrá mayoría automática para poner y sacar jueces como quiera. Los corruptos podrán brindar con champagne. Un indulto más para los políticos y funcionarios oficiales.
La reforma crea instancias superiores de revisión en distintos fueros (en especial el previsional y laboral), lo que hará más largos y engorrosos los juicios para jubilados y trabajadores. Miremos lo que ya ocurre con los fallos que obligan a actualizar los haberes a los abuelos. Un nuevo regalo que Cristina le hace a las patronales, como cuando les aprobó la ley de ART a medida de la Unión Industrial.
La limitación de las medidas cautelares afectará a distintos sectores populares. Hasta el propio CELS (organismo de derechos humanos que preside el oficialista Horacio Verbitsky) dijo que se vienen usando desde hace 30 años en defensa de los derechos humanos. Así se frenó el derrumbe de la ESMA y se salvó al PAMI de ser privatizado en los ´90. Un recurso legal al cual echan mano distintos sectores vulnerables. Con esto, el gobierno hará campaña diciendo que aquel que reclame al Estado (es decir, al kirchnerismo) “atentará contra el pueblo”.
La reforma también ataca el derecho de huelga, requiriendo que previo a cualquier protesta se avise al poder de turno. Habrá sanciones si se desconocen las conciliaciones obligatorias -cuándo son las patronales las que lo hacen con total impunidad- o no se cumplan los “servicios esenciales”. Pero el gobierno solo habla de éstos cuando hay huelga, mientras no los garantiza los 365 días del año. La educación y salud pública son un desastre, lo mismo el transporte y demás servicios públicos.
Si bien han anunciado algunos cambios, todo quedará según la interpretación de los jueces. En definitiva: ¿de qué “democratización” hablan?
Esto es una copia de la misma receta que aplicó Néstor Kirchner en Santa Cruz. Bastan dos ejemplos. Uno, el actual secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, antes de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, fue apoderado y presidente del bloque del PJ. Dos, la actual fiscal de El Calafate, Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner, es quien tiene que investigar a su propia madre y tíos (Néstor y Cristina Kirchner) por comprar tierras a precio fiscal. ¿Qué tal?
La oposición patronal de los Macri, Alfonsín, De la Sota, Carrió y Binner despotrican, pero no buscan una verdadera “democratización de la justicia”. Defienden también a un Poder Judicial al servicio de los poderosos. Desde la izquierda repudiamos las reformas K y llamamos a luchar por medidas que lleven a democratizar de verdad el sistema judicial.
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