Al titular del Anses, Diego Bossio, no se le cayó la cara de vergüenza al afirmar: “apelamos y apelaremos hasta la última instancia todos los juicios de los jubilados”. Apelar es alargar en el tiempo algo que saben que tienen la obligación jurídica de pagar. Es siniestro: apuestan a que las causas se reduzcan porque los demandantes se vayan muriendo.
La injusticia es tan grande y flagrante que cada año son decenas de miles los nuevos jubilados que se ven obligados a iniciar juicio para que se le liquiden correctamente sus haberes. Así, los expedientes se acumulan en el piso, poniendo ya en riesgo hasta la estabilidad de los propios edificios que los sostienen. Y cuando con inmensa paciencia algún jubilado logra que su juicio “avance”, ahí está el Estado (¡el gobierno!) para apelar, recusar al juez o utilizar cualquier excusa para seguir alargando la demanda. Encima, se tienen que aguantar que la presidenta los insulte, tratándolos de “caranchos”, como hizo en uno de sus últimos discursos.
El 80% de los jubilados cobra la mínima, apenas por encima de los 1.800 pesos. Mientras tanto, el gobierno insiste que no hay plata para abonar el 82% móvil, ni para pagar los juicios por malas liquidaciones, ni siquiera para abonar correctamente el miserable reajuste que debía otorgar según la ley vigente en septiembre, como denunció Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. Claro que sí “hay plata” para usar los fondos del Anses en pagar deuda externa, subsidiar a las privatizadas o incluso financiar la pauta de publicidad oficial. Indignante.
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